lunes, 29 de noviembre de 2010

¿Un nuevo órgano de control u otro cementerio de elefantes?

Uno de los ámbitos en los que la corrupción se extiende con más facilidad, además del urbanismo y del nepotismo en el nombramiento de empleos públicos, radica en torno a la contratación pública. Las autoridades de la Unión Europea son conscientes de esa realidad y, a través de diversas directivas, han intentado que los gobiernos establezcan nuevos instrumentos que garanticen la transparencia y el control sobre los actos de los diversos poderes adjudicadores cuando licitan contratos a empresas y particulares. Sin embargo, al trasponer las normas comunitarias en la Ley de Contratos de Sector Público del año 2007, el Gobierno de España relajó incluso, respecto a la normativa anterior, la intensidad de los controles en todos aquellos contratos que no alcanzaban una dimensión comunitaria.

Por otra parte, como mecanismo de control, aplicando a regañadientes lo establecido en Bruselas, la Ley de 2007 estableció un sistema de recursos, absolutamente ineficaz para garantizar los intereses de los licitantes recurrentes, de los que debía conocer en primera instancia el propio poder licitador que había dictado el acto recurrido. Finalmente una relativamente reciente normativa comunitaria ha obligado a cambiar el modelo y, así, la Ley 34/2010, de 5 de agosto (BOE de 9 de agosto), de modificación, entre otras, de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, ha establecido un nuevo sistema de recursos de los que ha de conocer y resolver, al menos en el ámbito de la Administración General del Estado, un órgano especializado que, formalmente, actuará con plena independencia funcional en el ejercicio de sus competencias,  el  denominado Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda y que, en un principio, está compuesto por un Presidente y un mínimo de dos vocales, aunque se prevé que, reglamentariamente, podrá incrementarse el número de vocales.

En aras a garantizar esa independencia la Ley prevé que la duración del nombramiento, el cual ha ser realizado por el Consejo de Ministros, de los designados como  vocales y Presidente será de seis años, que no podrá prorrogarse y que, durante ese tiempo, no podrán ser removidos de sus puestos salvo por las causas tasadas que se concretan en la norma. Asimismo, en principio, para garantizar el rigor técnico la Ley establece que solo podrán ser designados vocales de este Tribunal los funcionarios de carrera de cuerpos y escalas a los que se acceda con título de licenciado o de grado y que hayan desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a quince años, preferentemente en el ámbito del Derecho Administrativo relacionado directamente con la contratación pública y, que el Presidente del Tribunal deberá ser funcionario de carrera, de cuerpo o escala para cuyo acceso sea requisito necesario el título de licenciado o grado en Derecho y haber desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a quince años, preferentemente en el ámbito del Derecho Administrativo relacionado directamente con la contratación pública.

A pesar de los “buenos” deseos del legislador, a la hora de designar a los miembros de este órgano, el Gobierno ha optado, más que por crear un órgano eficaz y ejecutivo, por constituir, en la práctica, un nuevo cementerio de elefantes, además, con un indefinido aire corporativo.

Así, tras una curiosa peripecia, por medio de una Orden de 30 de septiembre de 2010, se modificó la convocatoria inicial realizada por medio de una Orden de 10 de agosto anterior, a pesar de que ya había concluido el plazo para la presentación de solicitudes, al parecer con el objeto de incrementar las retribuciones inicialmente establecidas para cada uno de los puestos de trabajo y, ya de paso, reabrir el plazo para que pudieran presentarse nuevas solicitudes.

Al parecer, ni a la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda ni a la Abogacía General del Estado les complacía la idea de proponer al Consejo de Ministros como candidato a Presidente, a alguno de los aspirantes que se habían presentado, los cuales, aún reuniendo los requisitos de la convocatoria, no resultaban para ellos idóneos. Forzaron, pues, la citada modificación para intentar hacer el cargo más atractivo para un candidato aceptable. Finalmente, tras esta segunda convocatoria consiguieron nombrar un presidente idoneo, perteneciente al Cuerpo de Abogados del Estado y con una larguísima trayectoria, los últimos años de ella en la Junta Consultiva de Contratación y  que, a sus 67 años, culima su carrera con este destino. Queda la duda de si el nuevo Presidente podrá, por alcanzar antes la edad forzosa de jubilación, concluir el mandato previsto.

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