lunes, 1 de noviembre de 2010

Un sistema de previsión social viable de cara al futuro (II).- La disyuntiva entre el modelo de reparto y el modelo de capitalización: Hacia un sistema ecléctico



La disyuntiva entre el modelo de reparto y el modelo de capitalización surge de un debate clásico acerca de cual de los dos modelos garantizan mejor la supervivencia de un Sistema de Seguridad Social. Lo cierto es que, la propia evolución histórica de estos modelos ha venido demostrado cuales son los puntos fuertes y débiles de cada uno de ellos.

El sistema de capitalización, si bien permite que las ingentes masas económicas acumuladas en los fondos de pensiones puedan dinamizar la economía nacional, sin embargo, es muy sensible a los imprevisibles procesos de elevada inflación y, además, las experiencias recientes de aplicación de este modelo en Latinoamérica demuestran que gran parte de los rendimientos terminan siendo absorbidos por las comisiones que perciben las entidades privadas que gestionan estos fondos y que, frecuentemente, dichos gestores son presionados para adquirir deuda pública de los Estados patrocinadores, en vez de inyectarse directamente en la económía productiva del país.

Por otra parte, la evolución demográfica derivada del aumento de la esperanza de vida, unida a una disminución de la natalidad hace que, salvo en un improbable entorno de crecimiento económico continuado, los sistema de reparto, tal y como hasta ahora se han contemplado en Europa, tengan difícil mantener la generalidad e intensidad del sistema de prestaciones actual.

Así, las recomendaciones de la OIT proponen un modelo ecléctico en el que se superpongan hasta cuatro ámbitos de protección, y que, parcialmente, es hacia el que tiende el sistema español:

a) Un primer ámbito mínimo para quienes cumplan unos requisitos de ingresos y/o otras circunstancias, financiado con cargo al presupuesto general vía impuestos y que tiene una naturaleza esencialmente redistributiva. Este ámbito de protección está operativo en España a través de la figura de las prestaciones no contributivas.

b) Un segundo ámbito contributivo, basado en el actual modelo de cotizaciones sociales definidas y sistema de reparto, de carácter obligatorio y gestionado directamente por el Estado, que aportaría un nivel de rentas determinado, solo en parte, por las propias cotizaciones y con el compromiso de ser actualizado con arreglo a los incrementos del coste de la vida. Esta es, precisamente, la espina dornsal de Sistema regulado por la Ley General de Seguridad Social. El objetivo debería encontrarse en que este modelo pudiera abarcar la mayor cobertura posible del nivel de rentas necesario para garantizar un adecuado nivel de vida a los pensionistas.

c) Un tercer ámbito basado en cotizaciones definidas de naturaleza obligatoria hasta un tope dado y basado en un modelo de capitalización individual y de aportes definidos y cuya gestión bien pudiera ser realizada directamente por el Estado, o bien, encomendada a gestoras privadas bajo la supervisión del Estado, debiendo establecerse un organismo regulador con fuertes capacidades inspectoras y sancionadoras. Hasta ahora este elemento del modelo aún no se ha implantado. Se han intentado favorecer desde los poderes públicos la constitución, de momento de forma voluntaria, de fondos complementarios y, de hecho, para los empleados públicos se ha constituido un Fondo de esta naturaleza en el que, de momento, solo las Administraciones Públicas, en su condición de empleador, realiza aportaciones.

d) Un cuarto ámbito de cotizaciones definidas, voluntario, sin un límite máximo y que correría igualmente a cargo de entidades privadas. Son los actuales Fondos de pensiones que cuentan con un favorable trato fiscal como medida de incentivo para su constitución.

A estos niveles de prestación referidos fundamentalmente a las prestaciones económicas consistentes en pensiones, deberían añadirse los restantes pilares del sistema de protección social español: la asistencia sanitaria, la asistencia social y la atención a la dependencia basada en prestaciones de servicios financiados por el Estado a través de los impuestos.

A mi juicio, cualquier estrategia a largo plazo que se adopte pasaría por aceptar, en mayor o menor medida, este esquema de funcionamiento recomendado por la OIT.

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