miércoles, 23 de febrero de 2011

Una Torre de Pisa


Cuando en 1978 los constituyentes proclamaron que España se constituía en “un Estado social y democrático de derecho…” expresaron los tres pilares fundamentales sobre los que debía erguirse el nuevo Estado español tras la reforma política.

Los constituyentes eran conscientes de que, si bien tenían pendiente trabajar mucho para ir elaborando los dos primeros elementos, partían de unos cimientos sólidos en cuanto al tercer pilar del sistema por la existencia, durante el tardofranquismo, de un estado de derecho de facto. Efectivamente, desde la aprobación de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado del año 1957 y de la Ley de Procedimiento Administrativo del año siguiente y, sobretodo, tras la consolidación a lo largo de la década de los 60 de una función pública profesional seleccionada mayoritariamente conforme a criterios objetivos basados en el mérito y la capacidad, la administración española disponía en los años 70 de instrumentos jurídicos que articulaban mecanismos internos de control razonablemente eficaces y unos cuadros medios y superiores técnicamente cualificados y, en gran medida, independientes del poder político en cuanto a su funcionamiento. Una parte del éxito de nuestra transición se debió a esta circunstancia.

Durante estos últimos treinta y cinco años, se han desarrollado los aspectos democráticos y sociales del estado, profundizando en la capacidad de decisión de las asambleas de las Comunidades Autónomas elegidas democráticamente e introduciendo numerosos instrumentos de participación ciudadana a todos los niveles. Asimismo, resulta evidente que el estado social ha desplegado toda su intensidad gracias a la práctica universalización de la asistencia sanitaria pública no solo para los españoles sino también para los residentes extranjeros, la potenciación del Sistema de Seguridad Social preexistente mejorando sus prestaciones e incluso estableciendo otras nuevas de carácter no contributivo, la consolidación de una amplia red de servicios sociales y, finalmente, con la creación del Sistema de atención a la dependencia aún pendiente de consolidar.

Sin embargo, la seguridad jurídica de la que se partía y que debería proporcionar un sistema legal, administrativo y judicial fiable, no solo no se ha terminado de desarrollar sino que, tras algunas reformas fallidas, se encuentra en franco retroceso.

La irrupción del clientelismo en las Administraciones Públicas, en donde ya casi es más difícil encontrar a funcionarios que hayan ingresado por oposición libre (no me refiero a esos procesos de consolidación de interinos tan frecuentes hoy) que a otros tipos de personal eventual, interino, laboral etc…; la creciente politización de la administración de justicia y su exasperante lentitud que la vacía por completo de contenido y la multiplicación de normas legislativas (diferentes en cada Comunidad Autónoma) que cambian constantemente hacen de la seguridad jurídica una utopía que afecta al resto del sistema.

Nuestro estado social y democrático de derecho, hoy en día, recuerda a esa magnifica torre de Pisa, bella y hermosa contemplada desde la lejanía, que con sus cimientos inestables va inclinándose y que, de no poner remedio, terminará desmoronándose. Es imprescindible volver a consolidar los cimientos. Es necesario esforzarse para que la seguridad jurídica y el estado de derecho vuelvan a servir de soporte para sustentar todo lo que, con tanto esfuerzo, hemos venido construyendo durante estas últimas décadas.

(colaboración publicada en la web de Gestiona Radio)

No hay comentarios:

Publicar un comentario