jueves, 7 de abril de 2011

Sobre el co-pago en la asistencia sanitaria pública

Artículo publicado previamente en la sección de opinión de "Gestiona Radio"

Últimamente, vuelve a ser frecuente leer y escuchar argumentos acerca de la conveniencia de introducir la figura del co-pago en la prestación de servicios sanitarios suministrados por el Sistema Nacional de Salud (SNS) como un instrumento para reducir el gasto sanitario o para contribuir a su financiación. Como tantas otras veces, se intenta introducir en el ámbito de la gestión pública una medida que ha tenido cierto éxito en la gestión privada. Pero una medida tan regresiva, al afectar a la gratuidad de nuestro modelo sanitario, solo puede adoptarse si realmente comporta un beneficio real importante para el SNS en su conjunto

A fin de centrar el debate podemos señalar que por co-pago entendemos la previsión de que para recibir determinados servicios, el beneficiario debe contribuir con aportaciones específicas al coste de las prestaciones sanitarias recibidas.

En el ámbito de los seguros privados de salud, se trata de una cláusula incluida, al amparo del principio de libertad de pactos, en las correspondientes pólizas que tiene una función complementaria o sustitutiva de la figura de la franquicia y, ambas, constituyen un límite a la cobertura del aseguramiento del contrato suscrito.

Se trata de una cláusula útil desde el punto de vista de la compañía aseguradora pues, por una parte, incrementa los ingresos derivados de cada póliza y, por otra, tiende a reducir la demanda de asistencia sanitaria del asegurado. Esta reducción de la demanda, en el caso de las compañías aseguradoras de salud, repercute directamente en una reducción de costes pues, en su mayor parte, la asistencia no la realizan las propias compañías por si mismas, sino que la subcontratan con clínicas y profesionales privados, siendo el coste por cada acto médico la referencia normal para determinar el precio de estos servicios. Nos encontramos, por tanto, que en estos casos el co-pago financia directamente el concreto acto médico por el que se realiza. Además, esta fuente de financiación no supone un incremento de costes de gestión relevante para las aseguradoras pues su importe se incorpora a la prima, cargándose al cliente en el siguiente recibo mediante aplicaciones informáticas diseñadas desde un principio con esta funcionalidad, si bien, siempre será imprescindible que exista un elemento probatorio que pueda justificar que el acto médico que se factura se ha realizado realmente, tal y como ha señalado la Audiencia Provincial de Murcia en su sentencia de 5 de mayo de 2006.

En el caso de la asistencia sanitaria pública, sin embargo, esta figura requiere de un tratamiento distinto. En primer lugar, debería establecerse bien como una tasa, bien como un precio público, requiriendo cumplir los requisitos legales de aprobación y publicación que en cada caso se exigen legalmente. No tendría un carácter pactado sino una naturaleza tributaria.

Asimismo, su introducción plantearía una serie de costes económicos y de gestión añadidos que a la hora de valorar la bondad de la medida deberían ser tenidos en cuenta. En primer término, por lo que se refiere a su recaudación hay que partir de que, en el ámbito de la sanidad pública, a diferencia del aseguramiento privado, no existe un mecanismo de domiciliación de recibos predeterminado, por lo que hoy por hoy, sería necesario realizar inversiones para habilitar en los centros de salud unos servicios de cobro que implicarían el manejo de dinero en efectivo lo conllevaría la necesidad de incrementar la plantilla del personal administrativo para realizar esta nueva tarea o, en su defecto, la inversión en mecanismos automatizados de cobro, así como, ante un previsible incremento de la inseguridad, la contratación de servicios de seguridad privados para la custodia de los centros y la recogida de lo recaudado. Por último, sería necesario que se contrate el diseño de nuevas aplicaciones informáticas para el tratamiento de esta información, lo que dado nuestro sistema de organización territorial supondría 18 aplicaciones distintas, etc…

Pero estos costes, dadas las circunstancias en las que se desarrolla la asistencia sanitaria en el SNS, no tienen por qué suponer un correlativo ahorro a corto o medio plazo, pues los gastos estructurales se seguirán manteniendo aún cuando la demanda de servicios pudiera disminuir como consecuencia del efecto disuasorio de esta medida. Efectivamente, al gestionarse la asistencia directamente por los Servicios de Salud, la inversión en infraestructuras ya está realizada y las plantillas de personal sanitario están cubiertas, en su mayor parte, por personal estatutario. Son pocas las prestaciones que están subcontratadas.

En cierto, sin embargo, al menos en atención primaria, que al reducirse el número de consultas demandadas, el efecto del co-pago, tal vez, pudiera llegar a ser beneficioso de cara a la calidad en la asistencia, al permitir que los facultativos puedan dedicar algo más de tiempo a cada paciente.

Pero en definitiva, a diferencia de lo que hemos visto que ocurre en los seguros de salud privados, el co-pago no financia directamente el coste de los actos médicos realizados por el SNS y además implica nuevos costes para la Administración, por lo que, desde un punto de vista práctico, antes de tomar una decisión tan grave, debería realizarse un profundo análisis de costes teniendo en cuenta los posibles ingresos, la amortización de las inversiones a realizar y los nuevos gastos estructurales que la implantación del co-pago supondrían para comprobar en que medida nos encontramos ante una fuente de ingresos netos para el sistema que compense los costes en términos de menoscabo de la igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los servicios públicos.

2 comentarios:

  1. Claridad en la explicación, aunque como ciudadana de a pie opino que el co-pago sería beneficioso para todos, sin duda.

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  2. Muy buena intervencióm, lejos del populismo o maximalismo de unos y otros. Enhorabuena.

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