viernes, 17 de junio de 2011

Sobre la viabilidad de los códigos de conducta en las Administraciones Públicas

Artículo publicado en "Diario Responsable.com"

La exigencia de una responsabilidad social ha pasado de predicarse no solo de las corporaciones de naturaleza privada sino también respecto de las administraciones públicas.

El progresivo auge de los códigos éticos de conducta tiene su origen en la cultura corporativa anglosajona, donde la ausencia de un intenso marco regulador determinado por las leyes, más propio del ordenamiento jurídico continental europeo, ha hecho necesario un impulso autorregulador de las grandes corporaciones en una suerte de ejercicio de autocontrol. El impulso público a éste tipo de códigos se ha verificado también cuando las organizaciones han de actuar en entornos en donde no existe un marco jurídico estable al que sujetarse. Así, podemos citar el “Código de conducta para las empresas europeas que operan en países en desarrollo”, aprobado por el Parlamento Europeo y recogido en su acta de 15 de enero de 1999, como un ejemplo de en que ámbitos de actuación este tipo de códigos no solo es conveniente sino incluso necesario.

Con el tiempo, esta tendencia a implantar Códigos Éticos de Conducta se ha extendido también a la gestión de los servicios públicos, en especial a partir de la aprobación por medio de la Orden ejecutiva 12.675, de 12 de abril de 1989, de los Reglamentos de normas de conducta ética de los empleados del Órgano Ejecutivo de los Estados Unidos, donde el modelo de administración por Agencias dotadas de una gran independencia y autonomía en la gestión aconsejaba la introducción de este sistema de autorregulación.

Aún así, en este ámbito público, los códigos deben tener unas características específicas que les haga adecuarse a la realidad en la que deben implementarse. Así, centrándonos ya en lo expuesto por la doctrina española, para DIEGO BAUTISTA “el código de conducta en el servicio público es una declaración en la que se definen las actitudes esperadas por parte de los servidores públicos señalando además principios éticos aplicables en su ámbito laboral. Abarca también un compendio de valores y antivalores así como una lista de responsabilidades y obligaciones jurídicas. Ya sean de carácter legal o administrativo, los códigos desempeñan un papel orientador y de control al establecer las restricciones de comportamiento”.

En general, los Códigos Éticos de Conducta pueden clasificarse en códigos generales, que tienen un enfoque omnicompresivo, o específicos que proyectan su atención sobre una actividad, área u organización concreta. También pueden clasificarse, en función de su mayor o menor carácter imperativo y coercitivo en Códigos normativos y códigos orientativos: los primeros incluyen un sistema de cumplimiento (“enforcement”) que puede incluir un cuadro de faltas y sanciones; los segundos tienen por misión orientar la actuación de los destinatarios y, en cualquier caso, pueden informar la aplicación de otro tipo de medidas (penales o disciplinarias) establecidas en otras normas preexistentes.

La doctrina española, no sin debate, ha tendido a aceptar la incorporación de los Códigos éticos de conducta de origen corporativo privado y anglosajón  a nuestro acervo normativo administrativo. Así, en un sentido claramente favorable a su incorporación se encuentra RODRIGUEZ ARANA, cuando expresamente señala que “la codificación de reglas éticas para el servicio público es una tarea delicada pero necesaria”…”y lejos de constituir una reacción ante algo negativo, debe siempre presentarse como una manera de mejorar la calidad de los servicio públicos y como una forma de contribuir a la rectitud ética de los funcionarios públicos”.

Una postura crítica es la sostenida por PARADA VÁZQUEZ, quien al tratar el código ético introducido por el Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por la Ley 7/2007, de 12 de abril, literalmente señala que “esta enumeración de deberes es ciertamente una retahíla de obviedades morales cuyos contrarios se descalifican en si mismos, pues desde la noche de los tiempos en que apareció el primer funcionario se da por descontados que éste no podía actuar con subjetividad, irresponsabilidad, parcialidad, despilfarro, inaccesibilidad, ineficacia y deshonestidad” y califica esta enumeración de “prolija grandilocuente, confusa y repetitiva enumeración de enunciados morales”.

Por su parte, VILLORIA MENDIETA, tras analizar los distintos tipos de Códigos éticos aprobados en diferentes países y, partiendo de una posición favorable a su implantación, considera que “elaborar códigos de conducta con carácter normativo en España parece que sería redundante, pues ya tenemos un conjunto de normas que sancionan las conductas indebidas y que prohíben actividades susceptibles de conflicto de intereses (…) por lo que no se estima preciso que los códigos de conducta introduzcan más complejidad e, incluso, inseguridad jurídica en este campo.”.

Este autor formula una propuesta acerca de cómo debieran ser los códigos de conducta aplicables a las Administraciones Públicas afirmando que:”En consecuencia, sería recomendable acudir a códigos orientativos, redactados en lenguaje sencillo, con tono positivo frene al prohibitivo y elaborados con la máxima participación posible”

Podemos concluir, por tanto, que los códigos de conducta para el sector público son viables en España, si bien, es necesario adaptarlos a la realidad en la que han de ser aplicados y deben revestir un contenido y alcance distinto a los Códigos de conducta imperantes en las corporaciones de naturaleza jurídico-privada.

No hay comentarios:

Publicar un comentario