viernes, 17 de febrero de 2012

La Reforma Laboral (I): A grandes males ¿Grandes remedios?

(Artículo publicado en ¿Hay Derecho?)

Como incluso los menos avisados ya conocen, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero (BOE del 11 de febrero). Lo cierto es que, aunque entró en vigor el día siguiente a su publicación, las numerosas disposiciones transitorias y la necesidad de desarrollos reglamentarios en determinados aspectos hará inevitable que su impacto en la realidad laboral sea paulatino. Por otra parte, la intención del Gobierno de incorporar el contenido de esta norma a una ley ordinaria hace suponer que algunas de las medidas aún pueden ser matizadas en la tramitación parlamentaria.
Se trata de una norma técnicamente compleja que encabezada por una extensa exposición de motivos se desarrolla a través de 25 artículos, 9 disposiciones adicionales, doce disposiciones transitorias (lo que da idea de lo complicado de su implementación), una disposición derogatoria y 16 disposiciones finales. En el Real Decreto-Ley, además de importantes reformas en el Estatuto de los trabajadores se introducen modificaciones relevantes en la Ley reguladora de la Jurisdicción social, en la Ley de Empleo y en Ley 45/2002, de reforma del sistema de protección por desempleo, en el Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social y en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualización, adecuación y mejora del sistema de Seguridad Social, en la Ley reguladora de las empresas de trabajo temporal y otras modificaciones de disposiciones reglamentarias.

Resulta evidente que la alteración de esta diversidad de normas obedece más a una intención de realizar una reforma estratégica de las relaciones laborales en España que a intentar resolver con medidas coyunturales el acuciante desempleo que padece el país en estos momentos y afecta a ámbitos tan diferentes como la negociación colectiva, las políticas activas de empleo, el régimen del despido tanto en las relaciones laborales comunes como en el ámbito del Sector Público, los salarios de tramitación, las condiciones de trabajo, la introducción de un nuevo tipo de contrato, los expedientes de regulación de empleo, la actividad de las empresas de trabajo temporal, entre otras.
Sin embargo, aunque la reforma supone una revisión sin precedentes de la filosofía tuitiva y protectora del régimen laboral español, no se trata tampoco de una reforma del todo rupturista pues en muchos aspectos, como por ejemplo en materia de contrato de trabajo, opta por continuar con la evolución comenzada por reformas legales anteriores, en particular por los caminos iniciados por la Ley 35/2010, de 17 de septiembre y el posterior Real Decreto-Ley 10/2011, de 20 de agosto.
Siguiendo la propia sistemática de la norma podemos estructurar la reforma en tres categorías que en otros post iremos desarrollando de manera más pormenorizada:
-        Disposiciones orientadas a favorecer la empleabilidad de los trabajadores y a potenciar políticas activas de empleo.
-        Disposiciones orientadas a favorecer la flexibilidad interna de las empresas para mejorar su competitividad.
-        Disposiciones orientadas a favorecer una redimensión del empleo en el sector público y a la contención de las retribuciones de los directivos del sector empresarial y fundacional público.
Como iremos viendo más adelante, diversos aspectos de la reforma (simplificación de los ERE’s, abaratamiento de los costes del despido, aclaración de las causas del despido objetivo que pretenden limitar el ámbito discrecional de los jueces de lo social, etc…) abren la puerta a que, en un primer momento, las grandes empresas con capacidad financiera para ello reduzcan costes por la vía de realizar reestructuraciones, lo que incrementará el desempleo a corto plazo, aunque el legislador supone que con los cambios acometidos se dinamizará la economía y supondrán un revulsivo para el incremento de nuevas contrataciones. Lo cierto es que en virtud de la nueva ley las empresas podrán disolver la relación laboral con sus trabajadores incluso de manera improcedente con una rebaja en la indemnización respecto al coste anterior a la reforma que oscilará, cuando concluyan los efectos de las disposiciones transitorias, entre el 25% cuando los trabajadores despedidos tengan hasta 16 años de antigüedad en la empresa y de hasta un 50% a medida que el trabajador despedido supere esa antigüedad. A ello habrá que añadir los efectos del carácter restrictivo con que se conceden ahora los salarios de tramitación en caso de que el despido se judicialice.  
Por otra parte, la ampliación de las materas objeto de descuelgue por parte de una empresa del ámbito de vigencia de convenio colectivo sectorial, territorial o supraempresarial, permitirá a las más pequeñas o en peor situación económica tener una válvula de escape que puede ser determinante para su continuidad pero, al mismo tiempo, abre la puerta a que surjan situaciones de conflicto que tendrán que ser revisadas por los tribunales.
La reforma de las políticas activas de empleo es otro aspecto relevante pero no excesivamente novedoso, se aprueban nuevas bonificaciones sociales, se faculta a las ETT’s para que actúen como agencias de colocación que, desde la última reforma, ya pueden tener ánimo de lucro,
En materia de formación profesional se refuerzan los derechos del trabajador y se abre la puerta de un ámbito que, hasta ahora era un coto cerrado de los sindicatos y las organizaciones empresariales, a los centros y entidades de formación debidamente acreditados e inscritos en el Registro Estatal de Centros y Entidades de Formación.
La Ley también aprovecha para introducir disposiciones tendentes a facilitar que las Administraciones Públicas aborden procesos de reestructuración con menos riesgo de que los Tribunales de lo Social revoquen dichas actuaciones con lo que favorecerá en la reducción del déficit público pero a costa de una disminución en el número de empleados públicos contratados en régimen laboral. También se adoptan medidas de racionalización en lo que se refiere a las retribuciones de los directivos del sector empresarial y fundacional y del sector financiero que recibe ayudas públicas.

Se trata en definitiva de una reforma arriesgada, que a corto plazo es previsible que provoque un incremento en el desempleo pero que intenta impedir que el tejido empresarial y productivo español desaparezca por completo. Solo el tiempo determinará si la apuesta es acertada o no.

3 comentarios:

  1. Sobre todo, lo que se echa de menos en la exposición de motivos de la reforma, es un análisis cuantitativo de los efectos e impactos que prevee: cuántos puestos de trabajo va a generar y/o destruir esta reforma, cuándo los va a generar y/o destruir y de qué tipo (formación, temporal, indefinido...), con qué impacto salarial estimado, qué efectos colaterales va a tener en la recaudación de la seguridad social, del IRPF y cómo va a afectar a cada grupo de edad y, por último, a qué sectores de la economía y de la sociedad beneficia y a cuáles perjudica. No acompañar la ley con un mínimo cuadro de previsión de este tipo, que pueda ser contrastable con la posterior realidad generada, le resta casi toda la credibilidad, al basarse parece que exclusivamente en opiniones y prejuicios ideológico-políticos, en lugar de en datos más o menos contrastables y supone abundar en los errores y chapuceros remiendos del anterior equipo de gobierno.

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    1. No es frecuente que en una exposición de motivos se cuantifique de una manera tan específica los extremos que en el comentario se señalan. Esos informes y esas valoraciones se suelen incluir en una memoria de acompañamiento que se debe aportar al expediente de tramitación de la norma y cuando salen a la luz es en los estudios jurídicos y comentarios que analizan a posteriori las leyes. en cualquier caso, es cierto que si existen sería bueno que se hiciesen públicos.

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  2. y tú qué piensas de la reforma? hay algo que hubieras hecho que no esté? qué cosas quitarías o pondrías? a lo mejor me estoy adelantando a futuros post...un abrazo

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