miércoles, 14 de noviembre de 2012

Acerca de los desahucios y del derecho a una vivienda digna.



La magnitud que está adquiriendo el número de desahucios ha convertido esta cuestión en un asunto de interés nacional que, al parecer, ya merece la atención de los principales partidos políticos. Así PP y PSOE llevan días valorando y negociando la adopción de posibles soluciones que hace solo un par de años rechazaban desdeñosamente cuando eran propuestas por otros partidos minoritarios como UPyD. Esperemos que la rivalidad política no impida que surja una solución de consenso que beneficie en cierta medida a todos, tal y como exige la sociedad española. 

Que la gravedad de la situación haya alcanzado la dimensión actual se debe a la confluencia de diversos factores, principalmente la pérdida de ingresos de una gran parte de las familias -en muchos casos de manera drástica al persistir una situación de desempleo crónico que ya hace que en muchas casas no entre ningún sueldo- y un excesivo –y a veces imprudente- endeudamiento privado al adquirir viviendas a un valor desproporcionado con la aquiescencia de una bancos prestatarios excesivamente laxos en la gestión de riesgos.

Efectivamente, sin descartar que en muchos casos los compradores se han podido hipotecar obviando "la diligencia propia de un buen padre de familia", lo cierto es que el incremento en los precios de compra-venta de los inmuebles tras concluir los efectos del "boom" demográfico y del crecimiento de la población debido a la inmigración y, en particular, a partir de mediados de la pasada década -cuando ya superaba ampliamente el valor real del bien- continuó siendo inflado artificialmente por la propia operativa bancaria y por unas pocas empresas de tasación vinculadas a los bancos en una suerte de huida hacia adelante que también debería generar que, con independencia de las responsabilidades personales exigibles, compartan con los deudores una parte de los costes derivados de esa locura colectiva que fue la burbuja inmobiliaria. No es aceptable que siempre pierdan los mismos.
 

Circunstancias extraordinarias requieren medidas de la misma naturaleza y, de igual forma que se están adoptando medidas específicas y novedosas para rescatar al sector bancario de una crisis que contribuyeron a crear parece necesario articular instrumentos que vayan más allá de la legislación vigente para salvaguardar el derecho a una vivienda digna que tienen los ciudadanos y que, no olvidemos, se trata de un derecho recogido en la Constitución. Así, el artículo 47 de nuestra Carta Magna establece que “todos los  españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” y que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Se trata de un derecho que constitucionalmente tiene el mismo rango que, por ejemplo, el derecho a la salud o el derecho a un sistema público de seguridad social. Sin embargo, mientras que en el desarrollo normativo que posibilita la prestación de los servicios públicos derivados de estos derechos se ha restringido al máximo la posibilidad de que sean gestionados favoreciendo la participación con ánimo de lucro de entidades privadas, en el ámbito de la vivienda, al contrario, el ánimo de lucro de los operadores económicos del sector (constructores, bancos, tasadoras, etc…) ha sido especialmente amparado desde los poderes públicos y eso tiene mucho que ver con la realidad que ahora padecemos. 

En cualquier caso, no es tampoco ahora el momento de adoptar medidas drásticas que perjudiquen la credibilidad internacional de nuestro país ni de establecer medidas retroactivas generalizadas que, primando los impagos, terminen perjudicando tanto a los bancos como a los “buenos pagadores” y, por ende, dificulten una futura recuperación económica. Pero es necesario adoptar medidas que eviten que miles de familias carezcan de una vivienda digna. Una utilización razonable de la figura de la dación en pago, el recurso a la institución jurídica del comodato durante periodos de carencia pactados entre deudores y acreedores, la conversión de los prestamos hipotecarios ejecutados en contratos de alquiler, la utilización de una parte de los inmuebles del denominado “banco malo” en viviendas destinadas al alquiler social, son diversas opciones que pueden permitir abordar una estrategia con diversos tipos de soluciones en función de la naturaleza del problema concreto a resolver.

La invocación a la sensatez y a la cordura, siendo también necesaria, no debe tampoco servir de coartada para no hacer nada o para adoptar solo medidas cosméticas. Tampoco parece que haya sido una solución efectiva el reconducir este problema al ámbito de la responsabilidad social corporativa del sector bancario mediante el recurso a un Código ético de buenas prácticas.

En este sentido, si bien la legislación hipotecaria española nos ha dado seguridad jurídica y ha sido útil durante muchos años, también es cierto que la evolución de las circunstancias socio-económicas súbitamente ha cambiado tanto como para requerir su modificación. No debemos rasgarnos las vestiduras por ello. Tan demagógico es pretender su total transformación en aras de una cierta colectivización del derecho de propiedad como defender a ultranza su mantenimiento en defensa de una seguridad jurídica y de una liquidez crediticia que, a la postre, solo beneficiaría a un determinado sector económico.

Es más, no olvidemos que la realidad siempre termina superando las barreras legales que la quieren constreñir. Si el acceso de los ciudadanos a la vivienda vuelve a ser un problema social relevante que afecte a un sector numeroso de la población nos volveremos a reencontrar con fenómenos como la ocupación irregular de viviendas o, aún peor, con el resurgimiento de fenómenos como el chabolismo, casi olvidado en nuestro país y que tanto esfuerzo ha costado erradicar. Los problemas de inseguridad, insalubridad y marginalidad a lo que ello nos podría llevar fácilmente nos puede hacer retroceder décadas en nuestros niveles de desarrollo. El problema al que nos enfrentamos, señores, no es baladí.


Post Scriptum: Tras la publicación de este artículo el gobierno ha aprobado el

Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, donde, aun sin el apoyo del PSOE adelanta algunas medidas que tendentes a hacer frente a esta situación. Es un primer paso que merece una valoración positiva, sin perjuicio de que estas soluciones puedan ser mejoradas a lo largo de la tramitación del proyecto de Ley que se va a presentar a las Cortes a continuación.

1 comentario:

  1. Totalmente de acuerdo. Y pregunto ¿por qué en otros países de la Unión es más fácil el acceso a una vivienda de alquiler? ocurre en Francia, en Holanda en Suecia...y mucho más fácil aún si eres joven. Y aquí, ¿no sería mejor para todos copiar algo bueno de los nórdicos de Europa y dejarnos de demagogias?.

    Aparte de que es muy injusto ayudar a la banca y no a las familias, so pretexto de crisis financiera eterna que no puede resolverse de otra manera. A mí sin ir más lejos se me ocurre una muy simple: que quiebren los bancos que van mal y liquiden sus activos ellos mismos vendiendo muy baratos sus inmuebles. ¿Dónde se dice que eso no se puede hacer?. Los políticos y la banca son todos del mismo partido, de ir a lo suyo sin tener en cuenta a la clase media o la ciudadanía que les vota de vez en cuando.

    Ya veremos la chapuza demagógica que tanto el psoe (ahora se quiere poner la careta de bueno) y PP (para variar sin ideas brillantes) se les ocurre ejecutar.

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