viernes, 23 de noviembre de 2012

Reflexiones sobre la nueva regulación de las tasas judiciales


(Artículo también publicado en el blog "Hay Derecho")
Hace pocos días compartí mesa y mantel con algunos de los eminentes juristas que participan en las actividades del Foro de la Sociedad Civil y la opinión, matices aparte, sobre la situación de la Justicia en España era unánime. Resulta descorazonador para quienes aún creemos algo en aquello de la “constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi” que según pasan los años en vez de mejorar, se va a peor y que cada reforma que se acomete o bien esta abocada desde un principio a ser inefectiva o, directamente, tiende –por activa o por pasiva- a restringir los derechos de los más vulnerables a padecer injusticias.

Ahora, tras aceptar que la justicia está colapsada, en vez de acudir a instrumentos o soluciones que satisfagan esa demanda de justicia, se decide abordar el problema recurriendo a mecanismos –basados exclusivamente en criterios economicistas- tendentes a reducirla introduciendo dificultades en su acceso. Al fin y al cabo, como señala con frialdad la exposición de motivos, “el derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita. Se trata de dos realidades jurídicas diferentes”. En definitiva, el que quiera justicia que la pague, tal y cómo diría un castizo.

La reciente aprobación por las Cortes General de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulandeterminadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y delInstituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (BOE de 21 de noviembre), que reinstaura para las personas físicas las tasas judiciales en la mayoría de las instancias judiciales, supone echar un bidón de gasolina al incendio ya descontrolado que asola la administración de la Justicia en España y disminuye aún más la, cada vez más insólita posibilidad, de que el ciudadano de a pie pueda alcanzar una tutela judicial efectiva de sus derechos. Se trata de un elemento añadido que contribuye a menoscabar lo que constituye uno de los principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico, según dice el artículo 1.1. de nuestra Constitución.

Resulta además paradójico que instituciones cuyo encaje constitucional se encuentra en el Capítulo III del Título I de la Constitución, dedicado a los principios rectores de la política social y económica (algunos tan importantes como la universalización de la asistencia sanitaria o las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, pero otros menos vitales como el derecho del acceso a la cultura por los ciudadanos), resulten un pozo sin fondo para los recursos públicos a base subsidios y subvenciones y, sin embargo, la financiación de la actividad administrativa para garantizar el cumplimiento de un derecho calificado como fundamental deba ser cofinanciada por los usuarios a través de unas tasas que, en algunos casos, resultan desproporcionadas.


El agravante de la imposición de la tasa para las personas físicas o de su incremento para las personas jurídicas viene a unirse a otros problemas seculares como es la interminable duración de los procesos judiciales -extendido ya a todos los órdenes jurisdiccionales y a casi todas las instancias-, la cada vez más deficiente calidad de muchas resoluciones judiciales o el problema de la politización de determinadas instancias judiciales y del propio CGPJ. Si se me permite la comparación, ¿alguien aceptaría que la solución para resolver los problemas del transito por una carretera atestada que, sin señalización y llena de baches, es la única vía disponible para poder llegar de un sitio a otro, puede ser el establecimiento de un peaje para su uso?.

El ansia de justicia por parte del hombre es un impulso primario y si las estructuras del Estado se vuelven ineficaces en su consecución, terminarán siendo sustituidas en la sociedad por otros medios. Algunos de estos instrumentos pueden ser impulsados y controlados por el propio Estado, así, podemos prever a medio plazo un considerable incremento del recurso a la mediación y al arbitraje privados que, a la vista de los costes introducidos ahora para la justicia ordinaria pueden llegar a ser más competitivos si se atiende a un cálculo global de coste/beneficio.

Los juzgados de la Plaza de Castilla
Foto by Chemapego
Sin embargo, la inaccesibilidad para muchos de conseguir la tutela efectiva de sus derechos puede también afectar a la propia legitimidad de las instituciones oficiales, favoreciendo la aparición de sistemas marginales de resolución de conflictos basados en el uso de la fuerza y que, la historia nos lo ha mostrado muchas veces, pueden terminar consolidando estructuras paralelas de poder que escapan al ámbito de actuación del Estado pero resultan ser tan peligrosas para el orden establecido como aceptadas por una parte de la sociedad.

Es cierto que este parche que supone la reforma incrementará de alguna manera los ingresos fiscales; es posible también que reduzca en algo el número de determinado tipo de litigios y, finalmente, es probable que contribuya a aumentar el volumen de negocio en el sector de la mediación y del arbitraje. Sin embargo es muy dudoso que esta reforma sea positiva para la percepción entre la ciudadanía de que tenemos una sistema judicial fiable y para la consecución final de un ideal de justicia en nuestro país. Eso solo podrá conseguirse si se abordan con valentía los auténticos retos que tiene nuestro sistema: resolver la fragmentación de la administración de justicia ahora repartida entre diecinueve administraciones distintas, abordar la revolución tecnológica pendiente, incrementar sustancialmente el número de magistrados, jueces y secretarios judiciales y, por supuesto, reforzar su independencia respecto del poder, tanto político como económico.


10 comentarios:

  1. Me parece muy necesaria esta reflexión. Una duda: he leído que para recurrir una multa habñra que pagar 200€, esto supone blindar a los Ayuntamientos de los que el Sr. Gallardón es juez y parte. En todo caso, lo que me resulta más inconstitucional son dos cosas: que no se devuelva la tasa si la sentencia es favorable (salvo creo que en un caso) y dos que la tasa sea lineal y no proporcional al petitum del proceso judicial. por ejemplo, si la multa que se recurre es de 100€ y se exigen 200 para recurrir, está claro que se está vedando la acción judicial

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  2. La tasa, a diferencia de los depósitos para recurrir, no pueden devolverse, pues tienen la función de cofinanciar el servicio público que se presta. Otra cosa es que con arreglo a la legislación procesal, se trate de un concepto que debe tenerse en cuenta a la hora de establece las costas procesales. Así pues, la parte cuya demanda sea admitida integramente tendrá la posibilidad de imputar el coste de la tasa como parte de las costas procesales.
    Por otra parte, efectivamente, la cuantía mínima de la tasa no tiene en cuenta que existen pretensiones de cuantía inferior al propio coste de la tasa. Alguien que pensara mal podría pensar que se trata de una íntima venganza contra esas compañías de recursos de multas que tantos pleitos han ganado.
    Respecto a si es o no constitucional esta reforma, a mi me parece que no coincide mucho con el espíritu de la doctrina actual del TC, pero quien sabe.

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  3. totalmente de acuerdo con tu post. Yo añadiría al párrafo final que si hubiera menos normas, mejores y más eficaces, la litigiosidad se reduciría sola, sin tener que poner tasas. La última reforma laboral lo único que ha hecho es aumentar los litigios, en un orden ya de por sí saturado por la crisis. Otro parche más (y van…), en la línea de este Gobierno timorato que aborda los problemas de puntillas y apuntando siempre a los mismos, la exigua clase media y los menos favorecidos.

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  4. Esto cada día que pasa pinta peor. Yo no tengo mucha idea de leyes, pero lo que veo claro es que hay dinero para lo que los legisladores quieren, tanto PSOE como PP, y nunca lo hay para la justicia que es el pilar fundamental de la clase media y la desfavorecida.

    Es tremendo que no se haya hecho casi nada a favor de tener una justicia Independiente, Rápida y fuerte. Una verdadera pena perder, de nuevo la ocasión de fortalecerla de verdad.

    Triste camino este.

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  5. Si consideramos que la administración de justicia es un modo más de controlar el poder del estado a iniciativa de los ciudadanos, la ley de tasas supone un enorme retroceso de nuestras libertades.

    Los jueces pueden anular un reglamento, pero para eso un ciudadano debe poder plantear su reclamación ante los tribunales. Estamos condenando a poner precio a la defensa de nuestros derechos y libertades.

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  6. Creo que expones perfectamente los argumentos en contra de esta reforma. También recordaría que la Administración de Justicia tiene margen para aumentar su eficacia en otras direcciones.

    Los que periódicamente visitamos los juzgados, nos topamos con funcionarios fuera de serie, de un lado, y con funcionarios del montón, de otro, a los que nadie controla, que no tienen ningún reparo en usar el teléfono para usos diferentes de su trabajo, sin importar quien esté delante. Descansos, de nadie sabe cuánto tiempo, y poco trabajo efectivo.

    http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2011/01/28/fraude-laboral-continua-ciudad-justicia-tercer-dia-consecutivo/777794.html

    ¿Hay que reducir la litigiosidad? También hay que aumentar la eficacia.

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  7. Quizás comenzar con aquello que la justicia somos todos pero unos más que otros es un cajón de sastre pero sirve para comenzar. A lo largo de mi experiencia porfesional como Letrado institucional he visto como muchos porcesos absurdos se iniciaban, continuaban y acababan con soluciones ni eficientes ni eficaces por parte de todos los operadores intervinientes.Yo me hacía preguntas y reflexines como estas: ¿y esto no lo podría concliliar yo?;¡todo lo que se retrasa más de cien días no tiene solución!; o ¿a ésta gente quién la ha asesorado?.Este verano veía como las Cámaras de Comercio- entes que ya no se pueden financiar con el recurso cameral- daban cursos sobre evitación de procesos o algo parecido.
    ¿Porqué todos tenemos que financiar con nuestros impuestos que cuatro hermanos discutan sobre una herencia?;¿Porqué se discute una sanción de toxicomanía en un Juzgado de lo social, si lo procedente sería un despido?;¿Porqué tenemos que soportar las diferencias de una Junta de Compensación urbanística dirigida a imponer la mayoría y así esperar a la compra de partes a barata canción- quizás esto hoy con los fondos buitre ya no se esté dando pero ha sido así hasta hace 18 meses-?.Creo que los abogados tenemos que asesorar lo mejor posible a nuestros clientes e intentar no avocar a procesos salvo en último caso.También me parece impresentable tener que verificar en un proceso la homologación del radar para que se levante una multa, después de más de cien dias y previo pago de tasa.Ciertas fotografías con presencia de jueces ,magistrados y fiscales tampoco me parecen muy adecuadas: se debe tener opinión personal pero de ahí a la notoriedad pública creo que hay un abismo. A mayor abundmaiento, todos sabemos que en privado todo el mundo se queja de que hay mucho trabajo y que hay que hacer algo para solucionarlo.
    Lo siento:creo que no estoy en sintonía con la opinión general pero también esta forma de ver las cosas es ajustada a ....la realidad la jsuticia no puede ser un cajón de sastre.

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  8. Estoy de acuerdo con Luis en que a veces existe algo de abuso de derecho en la presentación de acciones judiciales, pero creo que el ordenamiento ya establece mecanismos menos discriminatorios para poder moderarla que el establecimiento de unas tasas tan gravosas sobre las personas físicas.
    Por ejemplo un reforzamiento de la figura de los depósitos para demandar o recurrir y una mejor gestión de la figura de la condena en costas por parte de los jueves y tribunales tendrían también efectos disuasorios y harían recaer el peso del coste de la tutela judicial efectiva sobre quienes sostienen posiciones menos respaldadas juridicamente.

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  9. En realidad, basta releer las Sentencias 103 y 20/2012 del Tribunal Constitucional, que la Exposición de Motivos de la norma cita como parte de su fundamentación, para darse cuenta que esta Ley no va a tener mucho recorrido. En primer lugar, sólo refieren al orden jurisdiccional civil. Y en segundo término refieren a sociedades mercantiles, haciendo un juicio de proporcionalidad en los términos que se transcriben a continuación. Señala en su fundamento 12 la 20/2012: "Por consiguiente, la doctrina de la Sentencia 141/1988 nos lleva a concluir que es constitucionalmente válida la limitación impuesta por la norma legal enjuiciada, que consiste en condicionar la sustanciación del proceso instado en la demanda civil que presentan las personas jurídicas con ánimo de lucro, sujetas al impuesto de sociedades y con una facturación anual elevada, a que acrediten que han satisfecho el deber de contribuir al sostenimiento del gasto público que conlleva el ejercicio de la potestad jurisdiccional, que les beneficia de modo particular en la medida en que juzga las pretensiones deducidas en defensa de sus derechos e interés legítimos en el orden civil"
    Y remacha el 5º de la 103/2012: " Precisado el canon de enjuiciamiento de esta manera, estamos en condiciones de concluir que si el art. 35 de la Ley 53/2002, en la medida que requiere a entidades mercantiles con un elevado volumen de facturación que contribuyan a financiar la actividad jurisdiccional que conlleva juzgar las demandas en las que reclaman derechos de contenido económico so pena de no darles curso, no limita de un modo desproporcionado el derecho de acceso a la justicia, como hemos declarado en la STC 20/2012, mucho menos puede apreciarse desproporción en ese precepto cuando proyecta esa misma exigencia sobre idénticos sujetos y con iguales consecuencias pero referida a la promoción de recursos contra un previo pronunciamiento judicial, ámbito éste en el que, como ya hemos apuntado,el juicio de proporcionalidad al que puede someterse la decisión del legislador por este Tribunal es menos intenso, todo lo cual implica que la limitación de acceso a los recursos previstos en las leyes procesales civiles que dispone el precepto objeto de este proceso no desconozca la dimensión de la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) que garantiza el acceso a los recursos establecidos en la ley y que, en su virtud, proceda desestimar esta cuestión de inconstitucionalidad"
    Torticeramente, la Ley de Tasas coge el rábano por las hojas y será el Tribunal Constitucional el que tenga que fijar su adecuada recolección.

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    1. Totalmente de acuerdo con Laureano, en buena logica, el TC deberia tirar la Ley abajo, pero para cuando eso ocurra el daño ya estara hecho.

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