miércoles, 2 de enero de 2013

Principales novedades en la nueva regulación de los delitos contra la Seguridad Social

(Versión de la nota publicada previamente en la página web de la Asociación Profesional de Letrados de la Administración de la Seguridad Social)
 
En el BOE de 28 de diciembre de 2012  ha aparecido publicada la reforma del Código penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, aprobada mediante la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre.
 
Son varias las conductas sobre las que va a actuar esta norma que, según su exposición de motivos, además de pretender reforzar la transparencia de la actividad de la administración, persigue mejorar la eficacia de los instrumentos de control de los ingresos y del gasto público, dentro de los cuales se incide de manera particular en la mejora de la tipificación penal de diferentes actividades fraudulentas en materia de Seguridad Social y en relación con la Hacienda Pública.
 
En la presente entrada nos vamos a referir a la nueva regulación de los delitos contra la Seguridad Social pues la Ley realiza una profunda reforma de los mismos al dar una nueva redacción al artículo 307 del Código penal e introducir dos nuevos artículos 307 bis y 307 ter, además de extender la posibilidad de exigir responsabilidad a las personas jurídicas por estos delitos, introduciendo un nuevo artículo 310 bis y llevando a cabo una modificación de los delitos contra los derechos de los trabajadores previstos en el Título XV del Código Penal, para sancionar a quienes incumplen de forma grave la normativa laboral con conductas que, además, suponen una injusta competencia desleal con respecto a las empresas, emprendedores y trabajadores autónomos, que sí sean cumplidores de sus obligaciones legales.
 
En lo que se refiere a la reforma que se lleva a cabo en los delitos contra la Seguridad Social, podemos resumir que afecta al tipo básico al reducir la cuantía a partir de la cual la infracción es constitutiva de delito –pues ahora bastará la defraudación, por acción u omisión, cuyo importe total exceda los 50.000€ durante cuatro años naturales- y facilitar las regularizaciones al configurarlas como elemento del tipo, en lugar de como excusa absolutoria, lo que evita la denuncia o el inicio de procedimientos penales respecto de obligados que, de modo voluntario y completo, regularicen su situación ante la Seguridad Social. También se puntualiza que la mera presentación de los documentos de cotización no excluye la defraudación cuando ésta se acredite por otros medios.
 
Con un esquema semejante al utilizado para la regulación del delito fiscal, se introduce en el nuevo artículo 307 bis un tipo agravado que, además de gravar las defraudaciones que excedan de una cuantía de 120.000€, permite la persecución de tramas societarias tras las cuales se oculta el verdadero empresario para eludir el pago de cuotas a la Seguridad Social de sus trabajadores. Pero también se ha pretendido estimular la regularización de las situaciones mediante el establecimiento de un tipo atenuado y así, se prevé una rebaja de pena en uno o dos grados cuando se satisfaga la deuda y se reconozcan los hechos antes de que transcurran dos meses desde la citación como imputado, lo que se hace extensivo a aquellos otros partícipes que colaboren en el esclarecimiento de los hechos, en la averiguación de autor o responsables o en la averiguación del patrimonio de autor o responsable.
 
Asimismo, a través de un nuevo artículo 307 ter, introduce un tipo específico para la penalización de las defraudaciones en prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, mediante un tratamiento penal diferenciado de la obtención fraudulenta de ayudas y subvenciones, que pretende ofrecer una respuesta eficaz frente a los supuestos de fraude con grave quebranto para el patrimonio de la Seguridad Social. También en este caso se prevé un tipo agravado con el que se hace frente a las nuevas formas de organización delictiva dedicadas a estas actividades o propiciatorias de las mismas, empresas ficticias creadas con el único fin de obtener prestaciones del Sistema; pero al mismo tiempo, se establece un tipo atenuado, solo castigado con una multa cuando los hechos (a la vista del importe defraudado, de los medios empleados y de las circunstancias del autor), no revistan especial gravedad.
 
Se mejoran otros aspectos de la regulación precedente, al establecer, por ejemplo, que el procedimiento penal no paralizará la acción de cobro de la Administración, que podrá iniciar las actuaciones dirigidas al cobro, salvo que el Juez acuerde la suspensión de dichas actuaciones. Por otra parte, la ejecución de pena de multa y de la responsabilidad civil se exigirá por el procedimiento administrativo de apremio.
 
Por último, además de las penas principales previstas para cada caso, la reforma ha considerado procedente, tanto para el tipo ordinario como para el tipo agravado, recoger de modo expreso, la imposición al responsable de las penas accesorias de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social, y cuya duración variará en atención a la gravedad.
 
En definitiva, puede valorarse positivamente la reforma abordada, si bien habrá que ver de que manera se materializa la persecución práctica de estas conductas pues al rebajarse tanto el listón de la criminalidad de las conductas, van a ser muchas las prácticas que hasta ahora solo constituían ilícitos administrativos y que, tras la reforma se convierten en ilícitos penales. Será necesario reforzar los medios que integran las unidades policiales especializadas en esta materia y mejorar su coordinación tanto con la Inspección de Trabajo como con el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social para obtener los resultados perseguidos por la norma.

1 comentario:

  1. Francisco García2 de enero de 2013, 22:39

    O sea que sin más medios para la persecución penal puede acabar siendo peor ¿no?

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