martes, 10 de diciembre de 2013

Servicios mínimos y Derecho de huelga:

Hoy ha salido publicado en el periódico El País el artículo "Una guía para ponerse en huelga" firmado por Esther Tejedor en el que he tenido la ocasión de participar respondiendo a un cuestionario dando mi opinión sobre algunos aspectos de la actúal regulación de el Derecho de Huelga.

el paísLo cierto es que el artículo constituye a mi juicio una interesante aproximación al estado de la cuestión y muestra sintética y acertádamente cuales son los elementos esenciales del problema y los distintos puntos de vista desde los que se puede abordar. 

Para mi ha sido un placer colaborar con la redactora y le agradezco la mención y el enlace que figura en la versión en internet a estas "Reflexiones de un hombre corriente". A modo de ampliación para los lectores de este blog, acompaño completa la contestación al cuestionario, de donde la autora ha extraido las partes que ha considerado más relevantes:


¿La regulación de los servicios mínimos implica una nueva ley de huelga?
El derecho de huelga goza de las garantías constitucionales reservadas a los derechos fundamentales y, en consecuencia, es indudable que profundizar en la regulación de los servicios mínimos con ocasión del ejercicio del derecho de huelga tendría que hacerse por medio de una ley orgánica.
En ese sentido, debe recodarse que la dimensión de concepto de servicios mínimos fue, en su día, una de las cuestiones más polémicas de la Ley y, de hecho, objeto de una declaración parcial de inconstitucionalidad por la STC de 8 de abril de 1981. Cualquier revisión de la norma deberá tener en cuenta los límites fijados en dicha sentencia.
Dado el carácter preconstitucional de la actual regulación, lo correcto desde una perspectiva técnico-jurídica, es que cualquier reforma debería abordarse mediante la tramitación de una ley orgánica que regule esta institución en su conjunto y no limitarse a una reforma parcial
¿Qué problemas plantea la actual?,
En general, la regulación actual -junto con la doctrina constitucional y jurisprudencial que la interpreta- ha dado una respuesta razonable a la mayoría de las cuestiones que se han planteado con ocasión del ejercicio de este derecho. No puede menospreciarse que el Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo lleva vigente más de 35 años, a su amparo se convocan huelgas regularmente y solo de manera esporádica y normalmente como reacción a situaciones que se han llevado a extremo por las partes inmersas en un conflicto determinado -como el reciente de la limpieza de las calles en Madrid- nos acordamos de que se trata de una ley antigua y que convendría reformarla.
Sin embargo, si que hay cuestiones que merecerían una mejor regulación como el ejercicio de este derecho por determinados colectivos de empleados públicos o la ya mencionada regulación de los servicios mínimos
¿Responde la ley de 1977 a la situación del mercado laboral actual?

Respondía a una realidad social convulsa y de crisis económica semejante a la actual en la que coexistía un elevado desempleo, una alta inflación y unas estructuras industriales desfasadas. Sin embargo, desde el momento que el derecho de huelga es un derecho fundamental que protege el recurso final de los trabajadores para poder presionar en la defensa de sus intereses durante un conflicto colectivo de trabajo, pienso que es indiferente el momento concreto en el que se encuentre el mercado laboral. A mi entender la regulación del derecho de huelga debe enfocarse como una regulación capaz de mantenerse vigente tanto es situaciones de bonanza como de crisis.

¿Tiene lagunas la actual legislación?
Aunque el ordenamiento jurídico tiene una vocación de plenitud, toda legislación tiene lagunas y más si es antigua y parte de su articulado ha sido declarado inconstitucional. Pero también es cierto que la realidad social siempre superará cualquier previsión del legislador y que para eso están los tribunales, para cubrir con sus resoluciones los posibles vacíos de la regulación.
Es más, cuando -por los motivos que sean- las posiciones en un conflicto laboral se radicalizan es difícil que una simple ley pueda actuar como dique de contención. Siempre será necesario tener en cuenta las concretas circunstancias de cada supuesto y siempre será inevitable recurrir a la decisión última de un juez cuando surjan conflictos jurídicos o de hecho que no puedan resolverse ene el seno del comité de huelga.
En diversos momentos de la democracia, sindicatos y PSOE han pedido la modificación de esta norma. En su opinión, ¿el trabajador está adecuadamente protegido?

En mi opinión, creo que la regulación vigente ha sido hasta ahora un instrumento útil que, probablemente sin satisfacer plenamente ni a empresarios ni a trabajadores, lleva a un justo punto medio los derechos y las responsabilidades de cada una de las partes. Después de 35 años y de gobiernos de todos los colores, si no se ha reformado la Ley es porque no ha interesado y porque, salvo quejas puntuales, todos los operadores del mercado de trabajo han estado moderadamente satisfechos con ella.

¿Es pertinente modificar en algún sentido la ley?

La regulación del derecho de huelga implica legislar sobre una materia tan sensible como conflictiva que además supone el último recurso para resolver un conflicto laboral. El ejercicio del derecho de huelga supone sostener un pulso en el que el papel del legislador, para preservar su legitimidad, debe ser de absoluta neutralidad solo con el condicionante de una prudente defensa del interés general.
Partiendo de esta idea el consenso entre los distintos agentes políticos y sociales debe ser el punto de partida esencial para la aprobación de cualquier reforma sobre esta materia. Entre aprobar una ley de huelga sin consenso suficiente y aprobar una ley de huelga “contra” uno de los colectivos afectados hay muy poca diferencia.

Sin perjuicio de lo anterior, probablemente sería conveniente incorporar la actual regulación a una Ley orgánica, regular mejor los servicios mínimos en materia de servicios públicos esenciales incorporando la doctrina de los tribunales destilada durante todos estos años, aclarar mejor las diferencias entre huelga laboral y huelga política, el ejercicio del derecho de huelga de jueces y magistrados, entre otras cuestiones ninguna de ellas, cierto es, exenta de polémica.

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